Lo ocurrido

  • Con el manto generalizador de supuestas protestas por el aumento del pasaje en San Cristóbal, “estudiantes” del Instituto Universitario de Tecnología en horas de la mañana armaron un conato de guarimba en las adyacencias del centro educativo mencionado que tenía como objetivo obstaculizar el acceso al terminal de pasajeros y al mercado municipal “Los pequeños comerciantes”: dos zonas de la ciudad con alta afluencia de personas y vehículos. Una unidad de transporte público tipo Encava fue secuestrada por los guarimberos en este interín.
  • La Policía del estado Táchira y la Policía Nacional Bolivariana acordonaron la zona rápidamente, buscando evitar así que el conato de guarimba de desarrollara y afectara a las personas que se encontraban transitando por la zona.

 

  • La unidad de transporte secuestrada más temprano sirvió para embestir el cordón policial donde se encontraba una decena de efectivos, asesinando brutalmente a dos (uno de cada cuerpo policial) e hiriendo a varios de gravedad.
  • Politáchira informó que la unidad con que se cometió el crimen fue abandonada en el Instituto Universitario de Tecnología, evidenciando que dicha institución funciona como centro operativo y logístico para preparar y ejecutar operaciones de desestabilización y ataques a la población y al aparato de seguridad del Estado venezolano.

El hecho por sí solo deja entrever el alto grado de violencia y ensañamiento que están dispuestos a ejecutar los actores de la ultra vinculados a la orquestación de estos peligrosos escenarios de conflicto, protegidos a capa y espada con el elemento generalizador de la crisis y las protestas por servicios públicos como el transporte.

El objetivo, como en 2014, es tratar de rebasar toda condición de mínima estabilidad que pueda acumular el Gobierno venezolano a corto y mediano plazo: el enemigo número uno del proyecto golpista y destituyente de los actores internos y externos que asedian constantemente al país.

Activación de células paramilitares y la ruta del golpe evolucionando

Más allá de la brutalidad del hecho en sí mismo, las circunstancias que permitieron su realización tienen sus propios antecendentes y otros factores que paralelamente también dibujan el escenario de desestabilización en el estado Táchira.

El pasado 24 de marzo fue asesinado el diputado suplente del Consejo Legislativo del estado Táchira y militante del Movimiento Revolucionario Tupamaro, César Vera. Ramón Cabeza, secretario de seguridad de la entidad, informó que un grupo paramilitar que opera en Ureña (frontera con Colombia) habría cometido el asesinato mientras Vera se encontraba en un local comercial.

Este hecho que pone sobre el tapete la reactivación políticamente teledirigida de células paramilitares en el estado, en simultáneo con el asesinato de un efectivo policial (Larry Morillo) con posiciones de dirección en Policaracas y otros de rango subalterno en zonas medulares del país, revela la intención (política) de generar un clima de terror y pánico generalizado (alimentado por la mediocracia nacional e internacional) donde estos grupos irregulares muestran por la vía de la hiperinflación mediática que le adoban, un apresto operacional y un poder de fuego superior al de los cuerpos de seguridad del estado en sus distintos componentes.

Es en ese clima mediático, precisamente, donde está enmarcada una imagen tan brutal y descarnada como la embestida de la Encava contra el cordón policial en San Cristóbal que se cobró la vida de Melissa Pérez y Otto Márquez.

La intención de revender y seguir exportando la agenda del Estado fallido en Venezuela, anterior y posterior al brutal suceso ya descrito, queda demostrado con el “indignado” tuit de Luis Almagro, quien desde su poder de mando dentro de la OEA está alineado con Voluntad Popular por la activación de la Carta Democrática para aislar internacionalmente al país.

Pero que las supuestas protestas actúen como elemento generalizador de las guarimbas en Táchira, tienen antecedentes que desde Misión Verdad fueron abordados hace par de semanas.

En San Cristóbal, durante los primeros días de marzo, se difundieron videos por las redes sociales incitando a realizar acciones violentas de calle y se perpetró un ataque que terminó en el incendio de un camioneta de Pdvsa, como también la realización de guarimbas a pequeña escala por el aumento del pasaje, frenadas en el acto y posteriormente informadas por el jefe de la REDI Táchira, general José Morantes Torres, y por el gobernador del estado, José Vielma Mora.

Dentro de esta progresión de hechos en la entidad, lo que sucedió el día de ayer representa un salto cualitativo (mediático, sobre todo) dentro de la estrategia de desestabilización por la vía insurreccional de grupos irregulares con asentamiento y despliegue en la zona.

El clásico “yo no fui” de la ultra

Dado que la Ley de Amnistía fue aprobada el día de ayer 29 de marzo por la Asamblea Nacional, y que dicho proyecto de reinicio de la memoria histórica colectiva busca resarcir a actores políticos vinculados a operaciones de guerra como la que sucedió el día de ayer en Táchira, es lógico que la responsabilidad y los actores involucrados quieran ser endosados a sectores del chavismo.

José Gregorio Sulbaran Muñoz, de 22 años y estudiante del IUT, fue capturado por la Policía del Táchira por manejar la Encava del asesinato contra los dos efectivos. Al ser estudiante del IUT, espacio donde empezó y terminó la guarimba en San Cristóbal, se reduce cualquier intento de endosar responsabilidades a sectores distintos a los tradicionales guarimberos en el estado. Pero con todo y eso, sus principales dirigentes políticos prefieren huir hacia adelante.

Freddy Guevara habla de “olla montada”. Quien apoyó y dirigió políticamente las guarimbas de 2014 asevera, sin ninguna prueba sólida, que todo el estado Táchira dizque sabe que los que realizaron estas operaciones no son opositores, cuando es dato preciso que cada uno de los los conatos de guarimbas y disturbios en la entidad siempre han tenido como estandarte pancartas, símbolos y líneas políticas directamente vinculados con Voluntad Popular y otras formaciones políticas.

Juan Requesens (Primero Justicia), quien ha pasado desapercibido mediáticamente desde que asumió su curul como parlamentario, también intenta escurrir las culpas asegurando que “estudiantes oficialistas” habrían cometido tal asesinato.

No está demás afimar que es ilógico desde cualquier punto de vista que estudiantes chavistas asesinen efectivos policiales de una gobernación chavista.

Delinear una atmósfera de estado de pánico en una zona del país (por ahora y dependiente de cómo se desarrollen operaciones del mismo tipo a corto plazo) como el estado Táchira, que tiene como atributo operativo para el desarrollo de operaciones de guerra el despliegue de células paramilitares y grupos irregulares, tiene el objetivo de edificar una estrategia de condensación y generación de un sentido común que estremezca progresivamente a la opinión pública, estimulada por un relato mediático que mitifica y desinforma constantemente el transcurrir de operaciones de estas características, en las que siempre el chavismo tendrá absolutas responsabilidades.

Porque es en esa agenda de los actores de la ultra que el conflicto político actual pierde de vista su resolución por cualquier vía regular, colocando como estrategia medular que rebase cualquier mínima condición de estabilidad política, por la vía que sea. Y eso pasa por el asesinato de policías, militares y efectivos de seguridad del Estado; por atemorizar y asediar a la población; por estremecer la opinión pública y generar operaciones psicológicas de alto impacto. La guerra contra Venezuela, 2.0.

MISIÓN VERDAD

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