Sobre las firmas que van y vienen como pasos iniciales para el revocatorio que solicita la derecha contra Maduro, hay mucha tela que cortar. Para lo cual vale la pena preguntarnos sobre preservar el secreto, o no, de los nombres de quienes firmen para revocar a Maduro en cualquier etapa del proceso.

La polémica de la “lista Tascón” luego del revocatorio de 2004 tuvo una aclaratoria en la iniciativa legislativa denominada “Normas para regular los referendos revocatorios” del año 2007, norma que está dentro de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 293 numeral 5 y la Disposición Octava de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 33 numerales 1 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

Sobre el resguardo de los nombres y datos de los firmantes

Esta norma se hizo para imponer las reglas del juego, y podemos estar seguros de que muchos opositores no la han leído. En Venezuela se garantiza el secreto del voto. Todo acto de voto, hasta el acto de votar en referendo, es secreto, la opción elegida por el votante es secreta en el referendo según lo señalado en el artículo 106 de la norma y de acuerdo a nuestra Constitución. Pero hasta ahí. Una solicitud de referéndum firmada es considerada un acto público, una intención pública del firmante que apoya a organizaciones políticas para dicho acto de revocar a un(a) funcionario(a).

Reza así el artículo 6 de la norma: “El Consejo Nacional Electoral difundirá a través de los medios de comunicación la lista de las agrupaciones con fines políticos y agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas que participarán en los procesos de referendos revocatorios del mandato y la opción que apoya cada una de ellas”.

Es decir, la opción de revocar a Maduro, abiertamente expuesta y apoyada por las organizaciones políticas y ciudadanos(as) que forman parte de y apoyan a la MUD, al producirse los actos de firmas, quedan sometidos a los mecanismos previstos en la norma. Sin decirle eso a sus seguidores, la MUD entiende que al activar estos mecanismos acorde a lo previsto por el CNE someten a sus firmantes a estas prerrogativas.

En tiempos de la “lista Tascón”, hay que recordarlo, se debatía sobre la legalidad o no de que la referida lista fuera pública. La Constitución y la forma del referendo eran jóvenes, daban sus primeros pasos en nuevos derroteros pasando por un marco de ambigüedad legal, pues estaba incompleto, dado que no existía norma específica para determinar si las firmas debían estar sujetas al escrutinio público y no exclusivamente en el CNE. Esa situación se aclaró luego de la norma de 2007. Lo que implica que es legal que el CNE y la parte perjudicada (Maduro y las organizaciones políticas que lo respaldan) sometan a verificación las firmas y los firmantes. Eso significa que no hay obligación de guardar secreto por quien firme.

La importancia de la verificación

La norma de 2007 establece mecanismos que responden a situaciones como las que el CNE tuvo que lidiar en tiempos previos al revocatorio contra Chávez en 2004. Recordemos que la derecha venezolana organizó dos recolecciones de firmas fallidas, a destiempo y plagadas de irregularidades, que fueron rechazadas por el CNE.

Una de ellas fue por iniciativa del partido Primero Justicia, y la segunda iniciativa denominada “El firmazo” fue organizada por la Coordinadora Democrática (la mamá de la MUD). Luego el CNE impuso un nuevo formato y, al realizarse una nueva recolección, un llamado “reafirmazo” del referendo fue activado.

Debemos esperar de la MUD cualquier tipo de acto irregular en cuanto a las firmas

Todos los procesos de recolección de firmas estuvieron plagados de irregularidades, como firmas planas, datos discordantes, espacios en blanco, números de cédula de identidad inexistentes, extranjeros (transeúntes, no residentes e ilegales) firmando y muy especialmente la colocación de datos de personas que habían sido suministrados por entidades bancarias alineadas con la derecha.

Ese último caso fue emblemático. Durante las tres recolecciones de firmas se acoplaron datos de personas y se conformaron listas con data bancaria. Y durante años personas que declararon ser chavistas acudieron al CNE solicitando reparaciones pues sus nombres aparecían en algunos o en varios listados.

La “lista Tascón”, la cual tenía los datos de los firmantes del último proceso de recolección de firmas, tuvo entre sus firmantes personas que declararon ser objeto de un tipo de perjuicio, dado que “años después” del referendo se enteraron que aparecían en esa lista. El listado de situaciones era extenso.

Esto implica que la determinación de la veracidad del acto de los firmantes debe ser un hecho público. No faltarán bromistas que pongan el nombre y la cédula de identidad de Maduro contra sí mismo. No faltarán disociados de humor escatológico que pongan a firmar al mismo Chávez. Ni faltarán quienes con mala intención intenten perjudicar chavistas colocando sus datos con firma falsa en esas listas. Son los opositores, los mismos guarimberos, responsables de poseer esas listas. ¿Es de esperar que las manejen seriamente? Debemos esperar de ellos cualquier tipo de acto irregular.

 

De ahí que toda persona tiene derecho a saber si su nombre aparece en esas listas. Lo que indica que la actual modalidad de revisión protege la intención del firmante y también los derechos de quienes no han firmado ni firmarán contra la revolución.

Maduro mandará a revisar

El presidente Maduro ordena que las organizaciones políticas que lo respaldan se sumen y participen en el proceso de verificación de firmas, para lo cual delega a Jorge Rodríguez -experto en la materia- para que asuma esa tarea. Está dentro de sus atribuciones como afectado y le corresponde acompañar al CNE en verificar que todo el proceso sea transparente.

Aquí es donde comienza la otra parte de la polémica y se basa sobre la legalidad o no, de que ocurra alguna actuación contra un funcionario que firme contra la revolución. Lo que hay que sopesar aquí es si estamos discerniendo sobre la base del hecho de que, o el Gobierno efectivamente persigue a los opositores en la administración pública, o si por el contrario la administración pública está plagada de opositores. Parece más creíble lo segundo.

No obstante, entendamos estos tiempos como tiempos políticos de alto octanaje y toda forma, todo recurso, será colocado en el plano de la diatriba para sentar el precedente de que “la dictadura” persigue a sus empleados firmantes. Esto cala bien dentro de ese relato de “la tiranía”, así que no faltará show en ese sentido.

Pocas veces se subraya que esta mal llamada “dictadura” tiene mecanismos y fórmulas legales y democráticas  para sacar al “dictador”, lo cual la hace muy particular. Seguirán habiendo situaciones en medio de esa paradoja, pues la derecha ha recogido las firmas para activar el proceso e inscribir a su organización política con la intención de revocar a Maduro, pero luego deben recabar casi 4 millones de firmas para activar el referéndum. Esto apenas comienza.

MISIÓN VERDAD

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