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En la solicitud entregada al TSJ se describen las acciones fraudulentas de la derecha en la recolección de firmas para pedir activación del revocatorio

La acción de amparo constitucional, interpuesta el pasado lunes por el coordinador de la Comisión de Validación de Recolección de Firmas, Jorge Rodríguez, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicita al Poder Judicial que “se restablezcan de forma inmediata los derechos constitucionales vulnerados, invalidando todo el procedimiento fraudulento” de solicitud del activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro por parte de sectores de la oposición.

Ante todos los hechos realizados por la derecha, con la solicitud de acción de amparo se pide al juzgado de la sede Constitucional dictar medidas cautelares a los fines de evitar que durante el curso del proceso y antes de la sentencia definitiva continúe la vulneración de los derechos a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en asuntos políticos, así como los medios para su ejercicio pleno.

Con el propósito de evitar la vulneración de los derechos constitucionales, exigen que se declare invalidado el tramite desarrollado por la MUD.

Asimismo, y con el propósito de restablecer la violación de los derechos constitucionales, piden que se suspenda el trámite gestionado por la MUD “hasta tanto se decida la presente acción de amparo en protección de los interés difusos y colectivos”.

Además, señala que en caso de que esta Sala Constitucional del TSJ estime no procedente la solicitud de las medidas cautelares, solicitaron que mediante el poder cautelar del juez constitucional se “dicte cualquier otra medida que considere pertinente y necesaria para salvaguardar los resultados del juicio y evitar las lesiones constitucionales denunciadas por el PSUV”.

PROTECCIÓN AL PUEBLO

El recurso busca la protección de los intereses difusos y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela contra los partidos políticos de derecha que conforman la coalición opositora autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por la vulneración de los artículos 62, 70 y 72 de nuestra carta magna.

Dicha acción indica que los dirigentes opositores se encuentran manipulando datos contenidos en los distintos renglones que forman parte de las planillas o formatos de solicitud, con el fin de simular una supuesta voluntad revocatoria, para lo cual fueron incorporadas firmas de personas fallecidas, inhabilitados políticos, inclusión de personas no inscritas en el Registro Electoral, así como registros incompletos.

El texto entregado ante el Poder Electoral señala que de los datos suministrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) claramente se puede inferir la existencia de seiscientos cinco mil setecientos cinco (605.705) registros no válidos, equivalentes a 31% de las supuestas voluntades revocatorias.

Señala además que las rúbricas entregadas al ente electoral presentan vicios que no solo afectan nulidad del requerimiento, sino que además dolosamente simulan una supuesta voluntad revocatoria de más de seiscientos mil ciudadanos y ciudadanas o presuntos solicitantes, lo que se traduce en una inminente violación a los derechos constitucionalmente protegidos, tales como la participación ciudadana en asuntos políticos.

Refiere la solicitud que las ilegalidades antes mencionadas no pueden ser desestimadas por nuestro sistema de justicia, toda vez que la República Bolivariana de Venezuela se configura como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

De igual manera, indica que “la viciada solicitud impulsada por la desesperada oposición apátrida se halla en la primera fase del procedimiento referida a la iniciativa del referendo, la cual no cumple con los extremos contenidos en la normativa, tal como lo expresa el informe técnico del CNE dado a conocer en junio de 2016, al inscribir de manera dolosa y fraudulenta a venezolanos”.

CRONOLOGÍA DE UN FRAUDE

El documento recuerda cómo en el mes de marzo de 2016, la MUD consignó en tres oportunidades las solicitudes ante el CNE, para activar el referendo revocatorio contra el presidente Maduro, siendo rechazadas por dicho órgano por incumplir con los requisitos previstos en la normativa que regula la materia, al presentar directamente como partidos tal requerimiento, omitiendo que su participación en el proceso es solo como mediadores, ya que tal iniciativa le corresponde a agrupaciones ciudadanas.

Luego el 12 de abril de este año, agrupaciones de ciudadanos, de la mano del secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, presentaron en el ente electoral las firmas para iniciar el trámite, activándose la primera fase del procedimiento en la cual los expertos del órgano electoral digitalizaron las planillas e inspeccionaron los elementos de identidad: cargo a revocar, nombre, apellido, huella, cédula y firma del elector, verificando de esta forma el cumplimiento de todos los extremos normativos.

Asimismo, en el mes de mayo transcurrió la primera fase previa a la validación de las firmas y ambas toldas políticas, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la MUD, levantaron sus propias auditorías.

En este sentido, el PSUV denunció por distintos medios de comunicación social las irregularidades en el proceso, tales como registros incompletos, personas fallecidas e inhabilitadas incorporadas como solicitantes.

Por su parte, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el 10 de junio, a través de distintos medios de comunicación social, expuso los resultados del informe, reiterando la exclusión de más de 600 mil firmas.

Ante estos hechos fraudulentos, el PSUV denunció públicamente que estos actos guardan perfecta armonía con el precepto legal contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciones, que indica que la acción de amparo procede “contra el hecho, acto u omisión originadas por ciudadanos (…) que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley”.

“Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente”, reza el artículo.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Con esta demanda efectuada ante el Poder Judicial se busca defender los intereses colectivos y difusos de la población que está afectada por la violación de los derechos constitucionales precedentemente denunciados.

Por ello, la acción de amparo pide la tutela “de los siete millones quinientos ochenta y siete mil quinientos setenta y nueve (7.587.579) ciudadanos y ciudadanas cuya voluntad de participación se materializó a través del voto libre, directo y secreto que obtuvo como resultado la elección de Nicolás Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.

Además en la solicitud de amparo exigen proteger el hecho de la supuesta participación de los 605 mil 705 ciudadanos, cuyos datos fueron utilizados y manipulados por la MUD, logrando registros no válidos que pretendían de manera fraudulenta consumar el inicio del procedimiento para la revocatoria del mandato de nuestro Presidente electo.

Asimismo señala que en estas condiciones debe quedar suficientemente representados los derechos de los ciudadanos a exigir el cumplimiento por parte de las instituciones de sus responsabilidades para con los ciudadanos.

De igual manera, indica el recurso de amparo que los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante canales formarles en los asuntos que le interesan, resaltando que la democracia no puede descansar exclusivamente en las instituciones, sino que debe ser producto de un esfuerzo común por lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene derecho.

Por último, asegura que, como contempla el articulo 6 de la Constitución, que el Gobierno y las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

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LUIS MALDONADO RAVELO/CIUDAD CCS

FOTO LUIS GRATEROL/CIUDAD CCS

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