En el año 2002 se pusieron en marcha varios procesos conspirativos para derrocar al Gobierno Bolivariano presidido por el Comandante Hugo Chávez. Un golpe de Estado gestado y accionado por la extrema derecha venezolana, representada en los dueños de medios de comunicación privados; cúpulas empresariales, militares antipatriotas; la dirigencia laboral y partidos políticos anclados a los mandatos del Departamento de Estado Norteamericano.

Una de las motivaciones del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en contra del presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue de carácter económico y tuvo profundas consecuencias que afectaron la calidad de vida de la población venezolana. Producto de la arremetida golpista, se registró la pérdida de más de 500 mil empleos, incremento de la pobreza, cierre de pequeñas y medianas empresas y comercios así como el desabastecimiento de productos esenciales para la vida como los alimentos, medicinas, gas y combustible.

Las implicaciones que rodean el golpe de Estado, aunque tuvo su punto central en el desvío de la marcha opositora hacia el Palacio de Miraflores y el posterior pronunciamiento de un grupo de altos mandos militares desconociendo a las autoridades, se inició desde finales de 2001 con una serie de paros convocados por la patronal Fedecámaras.

El 11 de abril la marcha opositora partió desde el Parque del Este hasta la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en Chuao, Caracas, tal como establecía el permiso otorgado por la Alcaldía Mayor. Al llegar a su meta original, algunos de los dirigentes de oposición llamaron a los manifestantes a continuar hasta el Palacio de Miraflores, ubicado en el centro de la ciudad, donde desde hacía tres días se mantenían concentrados los partidarios del gobierno. El desvío de la marcha constituyó el punto de inflexión que dio inicio a una situación insurreccional que trajo consigo numerosas violaciones a los derechos humanos y la ruptura del hilo constitucional.

Las investigaciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo hasta los momentos hacen presumir que los hechos de violencia comenzaron antes de la llegada de la marcha de oposición, debido a la acción de terceros aún no identificados fehacientemente, que habrían disparado desde varios edificios. Al llegar la manifestación proveniente de Chuao comenzaron los enfrentamientos entre funcionarios de seguridad y ciudadanos. Se pudo comprobar, la acción de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt hacia Puente Llaguno, así como de la Guardia Nacional en el Viaducto Nueva República y las esquinas de Solís a Marcos Parra

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El primer punto de confrontación se ubica en la avenida Baralt, epicentro principal de los hechos. Según las fuentes consultadas, mucho antes de que existiese riesgo real de choque entre los dos grupos en pugna, la Brigada Motorizada y la Unidad Blindada de la Policía Metropolitana (la ballena) actuó contra los manifestantes afectos al gobierno, ubicados arriba y debajo de Puente Llaguno.

El mayor número de heridos se produjo en la avenida Baralt: 51 casos en total; 20 de estas víctimas se registraron entre las esquinas de Llaguno y Piñango y en la parte norte de la avenida, donde se concentraban los afectos al gobierno. En la parte sur, donde se ubicaban las personas provenientes de Chuao, se registraron 16 personas entre heridos y lesionados. Estos hechos ocurrieron entre la 1:30 de la tarde y las 9:00 de la noche aproximadamente.

El viaducto Nueva República fue el segundo punto de confrontación. Allí se enfrentaron, luego de la ruptura del cerco de la PM, manifestantes provenientes de Chuao y la Guardia Nacional. Ni los organismos policiales, ni la Defensoría del Pueblo, ni los hospitales o centros de atención registraron heridos provenientes de esta zona

La Defensoría del Pueblo en su informe sobre los sucesos del 11 de Abril de 2002, refiere que llama poderosamente la atención que hayan sido lesionadas personas fácilmente identificables como reporteros gráficos o periodistas, por el hecho de portar sus respectivas cámaras fotográficas y credenciales de prensa. Tres de ellos resultaron heridos por impactos de bala, igual que dos fotógrafos y un técnico camarógrafo. 12 Uno de esos fotógrafos, Jorge Tortoza, fue una de las primeras víctimas fatales. Otro periodista fue golpeado y despojado de su material de trabajo.

En su informe la Defensoría del Pueblo diferencia tres puntos álgidos de confrontación, que involucran la actuación de civiles y cuerpos de seguridad del Estado, así como la acción de tiradores encubiertos o francotiradores como ocurrió en el cuarto punto, cerca del Palacio de Miraflores, donde no hubo enfrentamientos, pero se registraron tres víctimas fatales

Los funcionarios de la Policía Metropolitana, administrada por el entonces alcalde Alfredo Peña, perpetraron, de acuerdo a investigaciones oficiales la masacre del Puente Llaguno aquel abril de 2002, al mando del comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas a las 4:01 inician los disparos abiertamente hacia Puente Llaguno; varios bolivarianos son heridos y muchos comienzan a devolverse a toda carrera desde Muñoz y Piñango hacia Llaguno.

Para conocer la opinión del pueblo acerca de los 14 años del golpe de Estado el equipo del Sistema Radio Mundial conformado por los periodistas Mayerling Jiménez, Nelson Algueida y el fotógrafo Félix González, se trasladaron al centro de la ciudad capital Caracas, donde abordaron a Adolfo Henrique Rivero Mata, historiador egresado de la UCV.

Rivero Mata aseveró que el golpe de Estado perpetrado contra el Comandante Hugo Chávez fue una “barrabasada” que cometió la derecha en nombre de un supuesto rescate de la democracia.

“De la democracia de ellos, de sus bolsillos, porque la derecha siempre consideró al país como un feudo de su propiedad, donde se han lucrado y creen además que los único que tienen  derecho son ellos”, apuntó

El historiador a la pregunta sobre si cree que no se ha hecho justicia a los muertos del 11 de abril de 2002, se apresura a afirmar que aún se está a la espera de que las autoridades impartan justicia.

“No pueden quedar impune los crímenes de los sucesos sangrientos del 11 de Abrl de 2002 y los que vinieron después”, precisó.

Adolfo Rivero Mata consultado respecto a la ley de amnesia criminal aprobada por la Asamblea Nacional, señaló que  el Estado venezolano ha sido demasiado permisivo y no ha actuado para que se imparta justicia verdadera.

“No se si es la quinta columna que esta dentro del estamento del gobierno en especial en este periodo del presidente Nicolás Maduro, quien debe tomar medidas drásticas y directas porque este pueblo está hambriento de justicia, no pueden quedar los delitos impunes”.

Rivero aprovechó la ocasión para hacer un llamado al jefe de Estado y los órganos encargados de impartir justicia  que se aplique la ley a quien cometa delitos, no importa si es del bando del gobierno o de la oposición.

El equipo reporteril requirió la apreciación de Rivero Mata sobre la propuesta del abogado constitucionalista Hermann Escarrá quien aseguró que el jefe de Estado tiene la facultad de derogar en 60 días a la Asamblea Nacional si persisten con la desestabilización.

Indicó que está de acuerdo porque la derecha busca un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, ejemplificó para ello un caso sucedido frente al parlamento donde un joven fue detenido por arrojar piedras contra los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Cuando se había visto que un ciudadano irrespete a la GNB y arroje piedras a la sede de la Asamblea, eso no se había visto nunca, porque antes había mano dura, y eso es lo que falta ejercer el poder cuando es necesario, no se puede ser blandengue”.

Adolfo Rivero Mata puntualizó que Hermann Escarrá ha sido irrespetado, agregando que no puede tolerarse actos de esta naturaleza, porque sino “la anarquía y el libertinaje se imponen en la sociedad”,culminó.

Por su parte Fernando Balán repudió el golpe de Estado asestado por la derecha el 11 de Abril de 2002 contra el comandante Hugo Chávez al tiempo que criticó firmemente la ley de amnesia criminal sancionada por la Asamblea Nacional con mayoría opositora y que pretende perdonar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, entre ellos se encuentran los responsables de la muerte de 19 personas durante el golpe de abril.

“Vamos a trasladar a esa ley de amnesia criminal a los años 60 y comprenderemos que quienes gobernaban en eso años eran los adecos, y ellos más que nadie saben hacer las cosas, veamos la actuación de Ramos Allup en el parlamento”, espetó.

Balán indicó que tal como lo decía el comandante Chávez los pueblos deben aprender a vivir y actuar por las experiencias al tiempo que recordó que durante los gobiernos adeco-copeyanos se asesinaron a cientos de venezolanos.

Consultado sobre si cree que es posible que se de un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro aclara que es poesible que se de”, apuntó.

Balán precisó que todo ser humano es ambicioso, reseñando que la ambición de poder es lo que mueve a Ramos Allup en la Asamblea Nacional. “Nada más hay que saber quien está detrás de la seguridad de Ramos Allup”.

Asimismo Homero Sivira considera que el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez “fue lo peor que se pudo hacer en este país, y los golpistas están de nuevo tratando de reeditar con la ley de amnesia criminal otro golpe”.

Sivira indicó que cada vez que ve a los diputados de la derecha en la Asamblea recuerdo el golpe de Estado.  “Son los mismos que participaron en el golpe y que nunca fueron a dar cuenta a la justicia por los hechos cometidos, aún recuerdo el paro petrolero, y son los mismos que hoy promueven el hambre y la necesidad en el pueblo”

Homero Sivira precisó que desde el parlamento la intención es promover la destitución del presidente Nicolás Maduro. “Yo voté por Maduro y no he decidido revocarlo, solo la gente que se queda pegada en los mismos medios que enfermaron a la gente en abril de 2002 en cadena todos el dia le siguen el juego a la derecha”, aseveró.

Se le preguntó si cree que se ha hecho justicia con las víctimas del golpe de Estado de abril de 2002 y responde tajante:  “No se ha hecho justicia, hay impunidad y con la ley que pretenden aprobar y aplicar se desata la impunidad, si se aplica esa ley esos asesinatos que ocurren cada día no tendrán justicia, y le dará cancha a los delincuentes”.

Finalmente Sivira envió un mensaje de firmeza, lealtad y consecuencia con el proceso porque, a su juicio, “la Revolución Bolivariana  es lo más hermoso que nos ha ocurrido”, dijo.

Entretanto Luis Eduardo Rangel González subrayó que el golpe de Estado del 11 de Abril de 2002 contra el comandante Hugo Chávez fue un intento del imperialismo norteamericano y la derecha venezolana por acabar con la Revolución Bolivariana.

Rangel consultado sobre la ley de amnesia criminal espetó que es una ley anticonstitucional porque viola todos los tratados y acuerdos internacionales que pactó Venezuela en materia de Derechos Humanos.

“Esta ley pretende legalizar y darle una forma jurídica a la impunidad y abre paso a la criminalidad al amparar a corruptos y delincuentes de todo tipo”, argumentó.

Señaló que si las personas que han incurrido en delitos de lesa humanidad  recobrarán la libertad sería anarquizar la Patria de Bolívar y de Chávez y “los venezolanos la rechazamos de manera contundente”.

Rangel González no cree que sea posible que se de un golpe de Estado contra la institucionalidad y el presidente Nicolás Maduro porque a su juicio, la Venezuela  del 2002 y la del 2016 no es la misma.

“Chávez decía cuando se le preguntaba acerca de la crisis que se vivió  durante la etapa de Carlos Andrés Pérez que el sistema en ese momento no tenía la capacidad de regular la crisis”.

Afirmó que por esa razón Chávez se plantea la constituyente y la nueva Constitución, y así a través de la diferencia de las cartas magnas del 89 y la vigente se ha venido probando que esta ( Constitución) da un marco jurídico con capacidad  para permear cualquier crisis política que se de en Venezuela.

Considera que la derecha venezolana apela a vías inconstitucionales porque saben que su proyecto político es inviable y está derrotado por ello la única forma que tienen para retomar el poder es aboliendo la constitución del 99.

“Eso está lejos de suceder porque las condiciones objetivas no están dadas para acelerar la convocatoria a un proceso constituyente”. Rangel precisó también que los factores de la oposición han buscado artificialmente generar una crisis económica para provocar una crisis política que desemboque en crisis humanitaria y sirva de pretexto para una intervención extranjera.

“Tal como lo ha dicho el mismo general Kelly ellos no serían insensibles al conflicto que ellos mismos han creado, porque aseguró el enemigo no es la derecha apátrida sino el imperialismo norteamericano”.

Vale destacar que la Ley de Amnistía, también llamada Ley de Amnesia Criminal aprobada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional conllevaría a darle beneficios a los responsables de numerosos hechos violentos que atentaron contra la vida de los venezolanos y venezolanas en años anteriores.

En particular en el casos de la Masacre de Puente Llaguno, ocurrida el 11 de abril de 2002, la cual fue planificada y ejecutada por sectores de la oposición ocasionando cientos de heridos y decenas de muertos, no procede constitucional y legalmente el otorgamiento de amnistía e indultos, así como cualquier otra medida o beneficio que busque generar impunidad y burlar la ley.

Asimismo el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.

Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Es de hacer notar que los responsables de la Masacre de Puente Llaguno, los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron sentenciados a 30 años de prisión por los delitos de complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado, frustrado; lesiones graves, gravísimas, menos graves y leves en 2009.

En la actualidad Simonovis, Forero y Vivas se encuentran bajo la modalidad de casa por cárcel, esperando la aplicación de la ley de impunidad que ha sido objeto de rechazo por parte del presidente de la República Nicolás Maduro quien afirmó que la ley no va.

Créditos:

II INFORME SOBRE LOS SUCESOS DE ABRIL DE 2002 Defensoría del Pueblo

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