Diputados del Bloque de la Patria se pronunciaron contra pretensión de la AN

La Asamblea Nacional aprobó en la sesión de ayer iniciar la evaluación de una serie de elementos que les induzcan a determinar alguna responsabilidad del Presidente de la República que dé paso a la realización de un juicio político.

Esta decisión fue rechazada por parlamentarios del Bloque de la Patria, quienes mostraron su desacuerdo con esta medida que pretende repetir una situación a la ocurrida con la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil.

Durante su intervención en el debate, el diputado Julio Chávez señaló que hacer un juicio político contra Maduro constitucionalmente no tiene asidero ni razón.

“Si hoy se pretende enjuiciar a Maduro porque hay una crisis en el país provocada por la llamada Guerra Económica, por qué no lo hicieron con los presidentes que tuvo Venezuela entre 1958 al 1998, cuando se registraron los mayores niveles de pobreza extrema en el país”, expresó ante la cámara.

A juicio del diputado socialista, esos gobiernos masacraron al pueblo, institucionalizaron las desapariciones, las torturas; fueron los mismos que suspendieron las garantías constitucionales y violaron los derechos humanos en el Caracazo, ocurrido en 1989, cuyos responsables, hoy en la MUD, se encuentran en un callejón sin salida.

“Se debaten entre el referéndum, ir a elecciones regionales y municipales o atender los intereses de los empresarios y dueños de medios que pagaron mucho dinero para que se trajeran leyes al Parlamento”, acotó.

LA CONSTITUCIÓN NO PREVÉ LA FIGURA

La figura del juicio político, aplicable al Presidente de la República, no está contenida en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta posibilidad no aparece señalada en ninguna de las funciones o atribuciones de la Asamblea Nacional reseñadas en el artículo 187 de la máxima norma.

Las fórmulas de impeachment u otras formas de procedimiento de destitución parlamentaria del Presidente no existen en Venezuela desde 1999.

La única figura sancionatoria al Ejecutivo, reseñada en la Constitución, es la de “voto de censura”, que solo podría ser emitido contra el vicepresidente o ministros que integran el Gabinete Ejecutivo.

Solo en el artículo 222 de la Carta Magna existe la figura de “declaración de responsabilidad política” de funcionarios públicos, pero en el mismo artículo queda señalado que la Asamblea Nacional no puede emprender esa acción por sí sola, pues deben “solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

Es decir, solo junto al Poder Ciudadano integrado en la Constitución en el artículo 273 (defensor del Pueblo, contralor general de la República y fiscal general de la República en pleno) podría la AN ejercer una acción contra el Poder Ejecutivo.

Aun en este caso el TSJ tendría la última palabra, como dice el artículo 266 en el numeral 2, donde se leen como atribución del TSJ: “Declarar si hay o no, mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República”.

Como parte de las acciones contra el Gobierno por parte de la oposición, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, anunció ayer que solicitará la próxima semana ante la OEA la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela.

CIUDAD CCS

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